Moción presentada por Unidas Podemos por Cáceres en el Pleno de 20 de Febrero de 2020

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En los últimos días, más de 35.000 personas han participado en las protestas convocadas por asociaciones de agricultores y ganaderos en catorce puntos de siete comunidades autónomas, y las protestas continuarán las próximas semanas.

Según los datos oficiales del mercado en noviembre de 2019, el kilo de aceitunas verdes se paga a 0,74 céntimos al agricultor, mientras que el precio en destino es de 4,78 euros. La mandarina cotiza a 0,24 céntimos, al consumidor se vende por 1,92 euros. Ocurre también con la naranja normal, de costar 0,18 céntimos en el campo se sube a 1,42 euros cuando llega al supermercado, es un incremento de casi un 700%, o lo que es lo mismo, se multiplica por siete el precio final. Ese diferencial de importes afecta igualmente a la nectarina, al melocotón y a la ciruela, con una distancia de entre un 500 y un 600% en el coste de destino; y especialmente al brócoli, cuyo aumento en la cadena se alza hasta el 1.109%: en este caso el kilo se paga a 25 céntimos en el campo y a 2,78 euros en la estantería de una gran superficie.

El problema no es solo el descabellado diferencial de precios, sino que los precios que reciben los productores y productoras no cubren los costes de producción y es imposible que un sector productivo pueda sobrevivir en estas condiciones.

La Comunicación de la Comisión 2009/591513 instó a los Estados miembros a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria a nivel estatal y les concedió prerrogativas para hacerlo. Asimismo, la Unión Europea en su Tratado de Funcionamiento recoge una serie de normas que hablan de la posibilidad de excepcionar el derecho de competencia para el sector agrario y abren la posibilidad a pactar los precios de compra o venta, bien directa o indirectamente, y siempre que sirvan para mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico.

Tenemos un antecedente en nuestro vecino francés. En el mes de octubre de 2018, la Asamblea Nacional Francesa aprobó la “Ley para el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrario y alimentario y para una alimentación sana y sostenible” (la ley «Egalim»). Esta ley introduce un mecanismo para establecer precios de referencia por parte de las Organizaciones Interprofesionales, de manera que cubran los costes de producción más un 10% como mínimo de remuneración de la renta agraria. Además, en dicha ley francesa los umbrales de lo que se considera reventa a pérdidas son más exigentes y se pone límites a las prácticas promocionales.

De igual modo, es fundamental potenciar un nuevo sistema de comercialización de productos agroalimentarios, más próximos a las zonas de producción, con criterios sociales, ecológicos y de salud. Para una ciudad como Cáceres, con un inmenso término municipal esencialmente rural (pastos, regadío, etc.), la cadena corta de distribución de alimentos, en la que interviene un número limitado de agentes económicos, con relaciones geográficas y sociales de cercanía entre productores, transformadores y consumidores, es una de las fórmulas que pueden utilizarse para corregir los desequilibrios en la cadena alimentaria y mejorar la calidad de los productos que llegan a nuestra mesa. Además, las repercusiones de este tipo de desarrollo pueden ser extraordinariamente positivas para la economía de la ciudad por cuanto pueden servir para instalar, poner en marcha o consolidar muchos proyectos de emprendimiento que dinamicen los territorios rurales.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Unidas Podemos por Cáceres propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes

ACUERDOS

Instar al Gobierno de España, a la Junta de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres, cada uno de acuerdo a sus competencias, a:

Primero.- Exigir unos precios mínimos para regular los graves desequilibrios que plantea la cadena agroalimentaria, acabando con el abuso de posición de dominio de ciertos eslabones de la cadena y repartiendo el valor creado de manera justa y equilibrada entre todos los operadores.

Segundo.- Incorporar de nuevo la prohibición de la “venta a pérdidas” en la ley de la cadena alimentaria, y la capacidad de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para investigar los casos que afecten a más de una CCAA con el fin de coordinarse mejor con las administraciones autonómicas y endurecer las sanciones por las infracciones de venta a pérdidas.

Tercero.- Flexibilizar e impulsar la venta directa de productos alimentarios, con el objetivo de regular y fomentar la venta o suministro de pequeñas cantidades de productos de origen agrícola, ganadero y forestal, así como los elaborados o transformados a partir de estos por parte de los productores o sus agrupaciones, tal y como prometió el gobierno de la Junta (ley de Flexibilización de la Producción Agroalimentaria)

Cuarto.- Impulsar cambios en el modelo de la Política Agraria Común (PAC), entre ellos modificar el catálogo de sectores susceptibles de recibir ayudas y lograr también que se repartan con la mayor justicia social.

Quinto.- Fomentar desde el ayuntamiento de Cáceres el consumo de productos producidos localmente para favorecer la economía regional, la mejora en la alimentación, tanto desde el punto de vista de la salud como organoléptico, y reducir el impacto sobre el cambio climático.

De esta Moción se dará traslado a su:

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES