CACeresTú pide a la Fiscalía que investigue si hubo delito en la subvención a una empresa para la corrida de toros de la Feria de San Fernando

Se ha otorgado esta subvención eludiendo los procedimientos legales para su concesión, beneficiando a una empresa privada al no existir concurrencia competitiva

El Grupo Municipal CACeresTú en el Ayuntamiento ha puesto esta mañana en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Cáceres una serie de hechos ocurridos en el Ayuntamiento en relación al convenio que permitió la celebración de una corrida de toros en la Feria de este año, y que resultan ser aparentemente constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, para que la Fiscalía practique las diligencias para la comprobación de los hechos y determinación de las personas responsables de los mismos.

Desde el Ayuntamiento de Cáceres, señala la formación, “se ha promovido la concesión de una subvención a una empresa privada (Socar de Toros S.L), utilizando un Convenio de Colaboración con una entidad bancaria (Liberbank), eludiendo así los procedimientos legales para la concesión de subvenciones previstos en la Ley General de Subvenciones y en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Cáceres”.

Vulnerando así, indica CACeresTú, “los principios de convocatoria pública y concurrencia competitiva, e impidiendo así que otras empresas pudieran concurrir al procedimiento de concesión de la subvención, lo que supone un claro trato de favor a Socar de Toros S.L., como única empresa beneficiaria de la misma”.

Para la formación, “todo ello se desprende de los documentos entregados a los concejales de nuestro Grupo Municipal a petición propia, tratándose de hechos que en principio revisten caracteres delictivos”.

Los documentos que se han entregado a la fiscalía son el convenio de colaboración con Liberbank, “así como el informe desfavorable del interventor, donde se pone de manifiesto que este convenio tiene contenido económico, habiéndose adoptado el acuerdo sin la previa petición de informe de fiscalización a este servicio, por lo que el acuerdo adoptado se ha realizado con omisión de la preceptiva fiscalización previa”.

Se ha entregado también el expediente de adjudicación de la explotación y gestión de la Plaza de Toros, y el expediente de cesión de dicha plaza para la celebración de una corrida de toros el 2 de junio de 2018”.

Asimismo se ha entregado la moción al Pleno presentada por CACeresTú en marzo de 2016, que fue aprobada por el Pleno, sobre la supresión de subvenciones y ayudas públicas a espectáculos taurinos, “en la cual se acordó la eliminación de cualquier tipo de aporte económico y/o subvención a la contratación y promoción de espectáculos taurinos, ya sea mediante asignaciones directas, contrataciones, servicios municipales, promoción y adquisición de entradas o palcos para dichos espectáculos” 

Y sobre este acuerdo plenario se ha entregado la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo, “donde se reconoce la competencia del Pleno para tomar tal acuerdo, rechazando la principal pretensión de esta demanda interpuesta por el PP, que era el reconocimiento de que el acuerdo del Pleno invadía las competencias de la Alcaldía”.

Para CACeresTú, “con estos documentos se pone de relieve una actuación del equipo de Gobierno tendente a beneficiar a una empresa privada con una subvención municipal encubierta, sin tramitarse los procedimientos legales establecidos para la concesión de subvenciones, y con patente vulneración de los principios de convocatoria pública y concurrencia competitiva, y además contra la voluntad del Pleno del Ayuntamiento contraria a subvencionar con dinero público la celebración de festejos taurinos”.

Existiendo además, añade la formación, “posibles irregularidades en la constitución ad hoc de la empresa que recibiría dicha subvención, que obtuvo así un beneficio económico del que se privó a otras empresas que hubieran podido concurrir al procedimiento para la cesión de la Plaza de Toros para la organización de la corrida de toros de la Feria de San Fernando 2018”.

Estos hechos “parecen revestir en principio caracteres propios de un delito de prevaricación administrativa, previsto y penado en el Código Penal, de ahí que los hayamos puesto en conocimiento de la fiscalía para que se practiquen las diligencias pertinentes para su comprobación y la determinación de las personas responsables de los mismos”, concluye CACeresTú.